Túnez promete prohibir la exploración forzada anal y genital como “prueba” para demostrar el sexo gay

Túnez se ha comprometido a prohibir la práctica de la tortura anal y genital forzada como “prueba” para demostrar si se es o no homosexual. Mientras que las relaciones sexuales gays siguen siendo ilegales en el país, los médicos han pedido al gobierno que prohíba estas crueles pruebas y que están desacreditadas por el sector sanitario internacional y que no demuestran nada.

El ministro de Derechos Humanos, Mehdi Ben Gharbia, ha dicho que estos exámenes “ya no pueden imponerse por la fuerza, física o moral, o sin el consentimiento de la persona afectada”. Sin embargo, los jueces todavía pueden solicitar que el sospechoso se someta a esta tortura. “Esa persona tiene todo el derecho de rechazarlo sin que su negativa sea reinterpretada como prueba de homosexualidad”, dijo Ben Gharbia. El político insistió en que Túnez está “comprometido a proteger a la minoría sexual de cualquier forma de estigmatización, discriminación y violencia”.

Estas “pruebas” invasivas y humillantes consisten en examinar el ano de alguien para ver si ha sido penetrado, buscar trazas de esperma y tomar una foto para “estudiar” la forma del agujero. Si es más amplio se determina que “lo más probable” es que la persona haya practicado el sexo anal. Pero este estudio es ampliamente desacreditado del siglo XIX. Se trata de una práctica prohibida por el Derecho Internacional y conocida en toda África a las que apodan como las “pruebas de la vergüenza”.

Los grupos de defensa de los derechos humanos como Human Rights Campaign o Amnistía Internacional la califican de “tortura” y el Consejo Nacional del Orden Médico en Túnez también criticó los exámenes anales debido a su “naturaleza no científica, el uso de exámenes anales para probar las relaciones sexuales anales deberían cesar por completo, independientemente de su consentimiento”, dijeron.

Hend Khechine, vocal de la Organización Mundial contra la tortura, también se ha implicado. “Es un acto intencionado, infligido por un agente público, que causa dolor y sufrimiento físico y mental”. Su conclusión es clara: “Se puede considerar claramente un acto de tortura, tal como está definida por el derecho internacional”.

Shams Túnez, una asociación que “defiende los derechos de las minorías sexuales tunecinas” y que trabaja por la despenalización de la homosexualidad en su país, impulsó una intensa campaña en las redes contra las exploraciones anales que permiten determinar judicialmente esta condición en los acusados. Shams afirma que los artículos 23 y 24 de la Constitución, con su garantía a la integridad física, permiten perfectamente la oposición a las exploraciones de este tipo.

Los médicos de las ciudades tunecinas de Sousse y Kairouan sometieron al menos a siete hombres acusados ​​de sodomía en virtud del artículo 230 del Código Penal a exámenes anales forzados en 2015, provocando como respuesta un movimiento de la sociedad civil contra la práctica.

Si bien estas pruebas no han sido completamente prohibidas, Amnistía Internacional dijo que esta medida era “bienvenida”. El artículo 230 del Código Penal de Túnez tipifica como delito la homosexualidad y la pena con un máximo de tres años de prisión. El presidente Beji Caid Essebsi ya ha anunciado que la ley no será derogada. “La sociedad civil debe prepararse primero para ese cambio en Túnez”, dijo Ben Gharbia.

Como dice uno de sus carteles de promoción de Shams Túnez, “desde un punto de vista legal, es posible rechazar el test en presencia del médico forense”. También advierte, sin embargo, que la realidad es muy diferente. “A menudo las víctimas aceptan el test por miedo a la tortura, porque son jóvenes o por desconocimiento de sus derechos, garantizados en la Constitución”.