Rechazo al bus transfóbico en USA: ¿Quién apoya a los grupos homofóbicos y ultraconservadores?

Si el miércoles os contábamos que Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, anunciaba el tour por USA del autobús transfóbico mientras StopLGBTfobia interponía una denuncia penal contra la organización ultracatólica, hoy nos enteramos que el bus tampoco lo quieren en USA y le han hicieron pintadas con mensajes a favor del respeto a la transexualidad cuando se encontraba aparcado cerca del edificio de Naciones Unidas en Nueva York.

Brian Brown, presidente de NOM (una organización que nació en USA para oponerse al matrimonio igualitario que se sospecha que está financiada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los lobbies mormones más conservadores), dijo a USA Today que dos personas se acercaron al autobús a plena luz del día, le arañaron la cubierta con una llave, le rompieron las ventanas con un martillo e hicieron un graffiti con el mensaje “Trans-Liberación” en el lateral del autobús. Todo esto sucedió cuando los ocupantes estaban en la ONU y el conductor no hizo nada por temor a ser atacado.

La gira norteamericana del autobús transfóbico está financiada por Citizens Go, un grupo vinculado a la extrema derechas que promueve peticiones en oposición al matrimonio homosexual, al aborto y la eutanasia y vinculado con la asociación secreta de extrema derecha y paramilitar de origen mexicano El Yunque.

El autobús recorrió varios lugares de Nueva York, incluyendo la Torre Trump y el Times Square y está decorado con mensajes que promueven el odio: “Es biología: Los niños son niños … y siempre lo serán. Las niñas son niñas … y siempre lo serán. No puedes cambiar de sexo. Respeta todo”.

El incidente significa que el autobús estará fuera de servicio durante unas pocas horas mientras se trabaja en su reparación. Citizen Go y NOM no cejarán en su intento y continuará con sus fechas de gira previstas en New Haven (Universidad de Yale), Boston y Washington DC.

Y es que lo que persigue este autobús transfóbico recuerda peligrosamente a los miembros de la Iglesia Baptista de Westboro, un grupo independiente conocido por ser extremadamente homófobos y que estaba integrado por los miembros de una sola familia liderada por Fred Phelps (fallecido en 2014) y radicada en Topeka, Kansas, Estados Unidos. Los miembros de esta secta organizaban piquetes portando pancartas con mensajes como “Dios odia los gays” e ideas catastrofistas de “las siete plagas que caerían sobre el mundo si se aprobaba el matrimonio igualitario”. Sus críticas iban contra la Iglesia católica, iglesias ortodoxas, musulmanes, judíos, soldados estadounidenses y políticos varios.

El problema de Citizen Go, NOM y Hazte Oír, entre otros grupos ultra católicos y conservadores, es que están organizados, cuentan con abogados que les asesoran sobre hasta dónde pueden llegar para no estar al margen de la ley y están respaldados por poderosos lobbies a la sombra que son los que les inyectan el dinero para seguir sembrando el odio por el mundo.

En nuestro país se escudan bajo la nomenclatura de “utilidad pública”. Desde que Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno hay 12 asociaciones ultracatólicas, conservadores y homófobas que ostentan esta categoría de “utilidad pública”, lo que les permite tener beneficios fiscales, subvenciones gubernamentales y ser “intocables” mientras permanezcan bajo esta denominación. Estas 12 organizaciones han recibido más de un millón de euros del gobierno y, por tanto, de nuestros impuestos, para financiar sus campañas propagandísticas de odio hacia las personas LGBTI, para oponerse al aborto o a la gestación subrogada, entre otras de sus obsesiones. Lo mismo ocurre con las fundaciones Francisco Franco y Blas Piñar.

Según revelaba el diario Público recientemente, el ex responsable de Interior, supernumerario del Opus Dei que dijo que se le había aparecido la Virgen María para explicar su arrebato de fe, Jorge Fernández Díaz, concedió en 2013 a Hazte Oír el título de “utilidad pública”. Un  grupo que maneja un presupuesto de 2,6 millones de euros anuales, a través de cuotas y donativos de sus socios y que obtiene importantes descuentos fiscales y que está dirigida por el abogado Ignacio Arsuaga Rato, familiar del ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien propició la salida a bolsa de Bankia a pesar de que resultó un fiasco que necesitó del rescate por parte del Estado, que se le imputa delitos fiscales por valor de 2,6 millones de euros y que dirigió un banco que repartió a diestro y siniestro las preferentes engañando a miles de personas en nuestro país.