¿Por qué el Gobierno español excluye a las personas con VIH de la función pública?

Desde 2014, es la cuarta ocasión que organizaciones como la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y tres organizaciones civiles vinculadas al VIH: CESIDA, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Trabajando en Positivo, vienen solicitando por carta una reunión a la Secretaría de Estado de Función Pública para eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público sin obtener respuesta positiva, de momento. Según las organizaciones, esto demuestra el desconocimiento por parte de la Dirección General de la Función Pública de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión del VIH.

De hecho, esta organizaciones denuncian que se trata de un problema de interés social ya que el 35% de las 93 consultas recibidas durante el año 2016 por el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), estaban dirigidas al asesoramiento jurídico a personas con VIH ante situaciones de discriminación relacionadas con el acceso a ofertas de trabajo para empleos públicos, especialmente, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Lo que pone de relieve la discriminación que se vive en el ámbito laboral dentro de las instituciones públicas con flagrantes exclusiones médicas en las bases de oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía Nacional y que, de forma indirecta, sirven en muchas ocasiones como excusa para excluir a las personas con VIH.

La excusa más reiterativa para llevar a cabo esta exclusión es la “sobrevaloración del riesgo de transmisión del VIH en el desempeño de este tipo de ocupaciones”, según se desprende de los escritos emitidos por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública en los que se argumenta que “las funciones de las personas que trabajan en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

En la carta, las organizaciones vuelven a recordar que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo (núm. 200 de 2010) de la OIT,  como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH, establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH.  Y le señalan que el Gobierno, como empresa, debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral, de forma que las empresas puedan establecer medidas antidiscriminatorias.

Según Diego Valor, de Cesida “el estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.

Por su parte, según Julio Gómez, de la Gerencia Coordinadora Trabajando en Positivo subraya que “tras la constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva Secretaria de Estado, consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de la discriminación laboral de las personas con el VIH”.