El Observatorio contra la LGBTfobia denuncia que los jueces son reacios a condenar los delitos de odio

Las necesidades y la realidad actual hacen imperativa una Ley Estatal de Delitos de Odio y una Ley Estatal de Igualdad y no Discriminación, que normativicen en una legislación estatal los avances en derechos sociales para las personas LGBT que diferentes leyes están impulsando a lo largo de la geografía española. Por eso, el Observatorio Español contra la LGBTFOBIA (STOPLGBTFOBIA) denuncia las trabas, el freno, los obstáculos y las constantes objecciones por parte de los jueces españoles a la hora de aplicar las leyes y condenar los delitos de odio.

El juez Daniel Prieto, titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº5 de Torrelavega (Cantabria) ha desestimado tipificar como “delito de odio” la agresión sufrida por una pareja de chicos homosexuales el pasado mes de octubre, que se produjo cuando un agresor se cruzó con la pareja abrazada y en actitud cariñosa, y les increpó “mariquitas”, al mismo tiempo que fueron agredidos con un puñetazo y una mordida en una mano.

Según el auto del ínclito juez, el agresor “no tuvo intención de cometer un ataque frontal a la dignidad de los agredidos”, al mismo tiempo que minimiza los hechos con circunstancias atenuantes de “altas horas de la noche” y presunción de estar “bajo los efectos del alcohol”. Tanto la acusación particular como la Fiscalía exigían considerar los hechos como un delito de odio, pero según el juez para aplicar el Artículo 510.2 del Código Penal, se necesita “un extra de gravedad que no se da en este caso”, excusándose además en la falta de jurisprudencia en estos temas.

“Desde STOPLGBTFOBIA estamos sorprendidos y desconcertados ante este tipo de decisiones judiciales que minimizan e ignoran reiteradamente los agravantes de odio contemplados en nuestro actual Código Penal, provocando de hecho que seamos considerados ciudadanos de segunda categoría a la hora de buscar justicia”, ha declarado Paco Ramírez, director del Observatorio.

“En esta ocasión ha sido el propio juez, pero en otros casos similares ha sido la propia Fiscalía quien se ha negado a considerar los agravantes de odio, respaldados por los propios atestados policiales. Parece ser que a pesar de la existencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Odio, y de la aprobación de Protocolos Específicos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado antes incidentes de odio, este tipo de incidente no es tipificado como ‘de odio’ con lo hoy en día resulta muy barato insultar y agredir a las personas LGBT en España”, enfatiza Paco Ramírez.

“Desde STOPLGBTFOBIA exigimos con urgencia la aprobación por parte del Ministerio de Justicia de un Protocolo de Actuación Judicial específico en casos que involucren a personas LGBT y a otras minorías objeto de odio, de igual manera que el Ministerio del Interior aprobó su Protocolo Policial de Actuación ante los Delitos de Odio. Con este Protocolo se orientaría a los jueces y fiscales a que se vean obligados a investigar los posibles agravantes de odio en todas las denuncias de procesos judiciales que afecten a personas víctimas de odio y a que los apliquen sistemáticamente. Esto ya viene siendo aplicado y difundido por algunos sistemas judiciales como la Corte Suprema de México”, exige Ramírez.

“La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que todos debemos respetar y hacer respetar, pero este derecho tiene sus límitaciones cuando las opiniones, los pensamientos y las ideas son utilizados para fomentar creencias intolerantes y una sociedad excluyente. La libertad ideológica y religiosa no puede ser por más tiempo una excusa válida para difundir conceptos y declaraciones que además de anticuados y acientíficos, son peligrosos puesto que dan alas a fomentar odio, violencia, discriminación y exclusión en nuestra sociedad. La defensa a ultranza de la libertad religiosa es un oxímoron cuando se excluye la pluralidad y la diversidad, y muchos terminan llamando ‘libertad religiosa’ a un monopolio o Ministerio de la verdad, los sentimientos y la forma de ver el mundo y la naturaleza”, ha declarado Paco Ramírez en referencia al respeto a la libertad de expresión que exigen algunos que tachan al Observatorio como ‘liberticida’.

“Las necesidades y la realidad actual hacen imperativa una Ley Estatal de Delitos de Odio y una Ley Estatal de Igualdad y no Discriminación, que normativicen en una legislación estatal los avances en derechos sociales para las personas LGBT que diferentes leyes están impulsando a lo largo de la geografía española. De esta manera evitaremos las islas de derechos y servicios independientemente del lugar donde se recida, para que se cumpla el artículo constitucional de que todos los españoles somos iguales en dignidad y derechos”, finaliza el director del Observatorio STOPLGBTFOBIA.