El desafío de Hazte Oír y de su bus transfóbico: ¿Lograrán Carmena y Cifuentes paralizar la campaña?

El desafío de Hazte Oír y de su bus transfóbico: ¿Lograrán Carmena y Cifuentes paralizar la campaña?

Hoy es trending topic el hashtag #LaFiscalíadeMadrid donde se ha colado de lleno el tema del bus transfóbico de Ignacio Arsuaga tras abrir una investigación urgente por si su mensaje fuera constitutivo de un delito de discurso de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal. La Policía Municipal de Madrid paralizó la circulación del bus ya que dice que incumple las ordenanzas de movilidad y publicidad del Consistorio pero sus promotores mantienen su decisión de llevarlo a diez ciudades españolas “si nadie los para”. De hecho, han confirmado que el autobús, pese a estar retenido en un garaje de la localidad de Coslada, saldría  hoy a las 12.00 hacia Cibeles, cosa que no se ha producido. Mientras tanto, Hazte Oír se niega a retirar la campaña tal y cómo le han requerido Consistorio y Comunidad de Madrid y anunciaba que continuará este mismo miércoles con su recorrido y, según los planes previstos, el autocar se dirigirá a Valencia. Allí, un colectivo de defensa de los derechos de los homosexuales ha convocado una manifestación de protesta. Una campaña que, además, ayer fue condenado por la Plataforma por los Derechos Trans.

Protestas por la retirada del bus transfóbico

Tal es la controversia que ha causado este asunto que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid llevará el pleno de este  jueves una Proposición No de Ley, donde se instará al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que tome las medidas oportunas para la paralización de la campaña transfóbica y LGTBIfóbica de la Plataforma Hazte Oír, Además, se pedirá la aplicación del régimen sancionador de la Ley Integral de Transexualidad y de LGTBIfóbia por infracciones graves y muy graves, que se pueden elevar hasta los 45.000 euros.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado 45 preguntas de respuesta oral en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ante el incumpliendo y desarrollo de la Ley Integral de Transexualidad, por cada uno de los artículos y puntos de la normativa que aún no se ha desarrollado, a pesar de haber pasado los plazos prescriptivos para llevarse a cabo. Según la diputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, “esta acción de pasear un autobús transfóbico por Madrid es claramente una incitación al odio hacia niñas y niños transexuales, en la negación del derecho a su propia identidad y sexo sentido”.

Esta nueva acción de la Plataforma HazteOír, no es, sino que una más de las que vienen realizando desde hace meses, que tuvo su inicio en el reparto de más de 100.000 folletos por todos los centros educativos de España y que llamaban a la insumisión de las leyes promulgadas en diferentes comunidades autónomas y en concreto la de Madrid, que dio origen a la campaña.

Desde un primer momento el PSOE en la Asamblea de Madrid denunció públicamente e instó al Gobierno regional a que tomara medidas en aplicación de las dos leyes promulgadas en la región, la del 17 de marzo, Integral de Transexualidad y la del 14 de julio Contra la LGTBIfóbia, ante la pasividad del Gobierno de Cristina Cifuentes que no tomó ninguna iniciativa.

Posteriormente dicha plataforma apretó más las tuercas y anunció una conferencia de Richard Cohen “ex gay” y destinada a “curar la homosexualidad y transexualidad”, siendo retrasmitida en streaming en directo desde Estados Unidos, pero presentada y emitida desde los estudios de televisión que la organización ultra católica tiene en el Paseo de la Habana, en Madrid. Nuevamente el Grupo Parlamentario Socialista denunció el hecho, que constituye una infracción muy grave en las dos leyes, con multas hasta de 45.000 euros, pero una vez más el Gobierno del Partido Popular en Madrid miró hacia otro lado y no ejecutó ningún tipo de acción.

Antonelli  considera que “Por lo que la pasividad del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y del Estado de derecho han dado alas a un grupúsculo reaccionario contra las libertades públicas y los derechos de las personas LGTBI, pasando por encima de los artículos 10 y 14 de la Constitución Española y cualquier normativa vigente contra la incitación al odio y la discriminación” y se pregunta “¿Quién repara ahora el daño ya ocasionado?”.

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