La gestación subrogada en España: Un delicado tema que divide a la clase política

La gestación subrogada en España: Un delicado tema que divide a la clase política

Ayer fue tumbada la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos en la Asamblea de Madrid sobre la gestación subrogada. El PP defendió hace cinco meses en el Congreso de los Diputados que la gestación subrogada era “ir contra natura” y el Tribunal Supremo dijo que es incompatible con las relaciones familiares, la dignidad de la persona, la protección de la infancia, además favorece la comercialización de la maternidad. La propuesta en la que se pedía el Ejecutivo de Cristina Cifuentes que instara al Gobierno central a regular los vientres de alquiler ha traído la polémica al hemiciclo debido a las posiciones personales de los parlamentarios porque, sorpresivamente,el diputado del PP Luís Peral votó a favor y los también populares Regina Plañiol y David Pérez se ausentaron del hemiciclo en el momento de la votación. Los tres tendrán que pagar una multa de 600 euros cada uno. Pero incluso en las filas del PSOE también se produjeron discrepancias.

La parlamentaria de Ciudadanos, Eva Borox, fue la encargada de defender esta PNL accesible a cualquier modelo de familia basando sus argumentos en la “filiación por voluntad y el compromiso de ser padres o madres y de tener hijos por un proyecto de familia independientemente de quien haya gestado”. Sostenía el “acceso garantizado en igualdad de condiciones, independientemente del sexo la orientación sexual o cualquier otra circunstancia persona mediante una legislación ética y práctica que evite abusos”.

El grupo Podemos ha votado en contra porque considera que no se contemplan los derechos de las gestantes para evitar que mujeres en precario se vean empujadas a hacer uso de mercantilizar su cuerpo. La diputada de la formación morada, Clara Serra,  ha afirmado que la única manera de que apoyasen esta PNL es que estos derechos quedasen plasmados sobre el papel y que sean “una decisión altruista y gratuita por parte de las gestantes en cualquier parte del mundo” estableciendo plazos para que las mujeres puedan cambiar de decisión.

En esa misma línea se ha reafirmado la parlamentaria socialista, Josefa Navarro, argumentando que “la mujer gestante está en desventaja”.

Una propuesta similar la presentó en octubre de 2015 Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pero el Ministerio de Justicia la tumbó apoyándose en la resolución del Supremo contraria a reconocer la filiación de un menor nacido de una madre sustituta que se encontraba recurrida en el Tribunal Constitucional. El artículo 10 de la Ley 14/2006, considera nulo el contrato por el que se acuerda la gestación por sustitución.

El Gobierno invocó a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2014 que dejó sin efecto la inscripción del nacimiento de dos menores realizada en los Ángeles (California, en EEUU) a raíz de un matrimonio que contrató a una mujer ‘gestante’, al entender que “vulneraba el orden público internacional español. Según el Supremo, la madre de los menores es, para el Derecho español, la mujer que da a luz”, añade el informe.

Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se permite la gestación subrogada, las madres gestantes cobran entre 20.000 y 35.000 dólares pero los progenitores tienen que pagar entre 100.000 y 150.000 dólares, mientras que en la India las gestantes cobran 7.000 dólares y los progenitores pagan alrededor de 50.000.

La polémica está servida y defensores y detractores tendrán que ponerse de acuerdo de qué aspectos se quiere regular. La situación actual pone de relieve que hay muchos niños que ya han sido inscritos y afiliados en nuestro país aunque están en un limbo legal porque el Estado dispone de un año para dar marcha atrás y corren el riesgo de ser devueltos a sus países de origen. También hay casos como el de María Teresa, una mujer ibicenca “atrapada” en Rusia porque el consulado español le niega una documentación que el Gobierno ruso ratificó. Su problema es complejo porque recurrió al vientre de alquiler pero sin relación genética con su hija porque lo prohíbe la legislación de ese país. Teresa, después de ocho meses se le acaba el dinero y está en la tesitura de quedarse mendigando en un país del que desconoce hasta el idioma o marcharse y dejar a su hija en un orfanato.

 

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